23 diciembre, 2010
El proyecto se transformó en Ley tras una ajustada votación dentro de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC): de los cinco miembros votantes, los tres integrantes demócratas aprobaron la medida mientras que los dos republicanos se manisfestaron en contra. El presidente de la junta, Julius Genachowski, explicó que la decisión “hace avanzar nuestro objetivo de tener las redes de banda ancha más rápidas y libres del mundo”.
En pocas palabras, la normativa pretende establecer un equilibrio entre las demandas de los consumidores de una Internet libre y gratuita, y los intereses de las empresas de cable y telecomunicaciones, principales prestadoras del servicio en el país. Entonces, el punto axial de la Ley consiste en impedir que los proveedores se conviertan en guardianes del tráfico, ralentizando o favoreciendo el acceso a determinadas páginas en función de si estas pertenecen o no a compañía competidoras.
A todo esto, la normativa, que es más relajada para quienes presten servicios inalámbricos, podría ayudar (indirectamente) a las compañías de cable a competir con los planes de Microsoft, Google y Amazon de enviar contenidos de video a través de las mismas líneas para llegar a los hogares de sus clientes.
El presidente Barack Obama celebró la nueva norma y explicó que “ayudará a preservar la naturaleza libre y abierta de la Red, protege las decisiones del consumidor y defiende la libertad de prensa”. Además, señaló en un comunicado que su “administración permanecerá vigilante para permitir que la innovación sea estimulada, los usuarios sean protegidos del abuso y el espíritu democrático de Internet siga intacto”.
En 2011 la normativa deberá ser ratificada en el Congreso, donde los republicanos tendrán mayoría en la Cámara de Representantes a partir de enero. Por su parte, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, calificó la decisión de la FCC de “viciada” y afirmó que “los legisladores tendrán la oportunidad de rechazar esta regulación”. Algunos integrantes de este partido argumentaron que el gobierno no tiene el derecho a obligar a las empresas a que traten por igual todo el tipo de tránsito: las redes son suyas, dicen, y pueden hacer con ellas lo que quieran.
